Más de 120 muertos tras ataques en Libia

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Al menos 121 personas murieron y 561 resultaron heridas desde el pasado 4 de abril en los combates, tras el inicio de la ofensiva contra Trípoli, la capital de Libia, de las tropas del mariscal Jalifa Haftar contra las fuerzas del Gobierno de Unidad Nacional (GNA, por sus siglas en inglés), afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La oficina de la OMS en Libia, que no precisa el número de víctimas civiles, condenó en Twitter “los ataques reiterados contra el personal sanitario” y las ambulancias.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que 13 mil 500 personas fueron desplazadas por los enfrentamientos, 900 de ellas fueron alojadas en centros de acogida.

El Ejército Nacional Libio (ENL), autoproclamado por el mariscal Haftar, hombre fuerte del este del país, lanzó una ofensiva para apoderarse de la capital (noroeste), sede del GNA.

El mariscal dice que su objetivo es restaurar la seguridad y erradicar a los grupos radicalizados de la capital; lo cierto es que, desde que “liberó” a la ciudad de Bengasi en julio de 2017, se propuso extender su presencia a todo el país y unificar al gobierno bajo su mando, poniendo fin a ocho años de anarquía y guerra civil.

Las fuerzas que respaldan al GUN reaccionaron de inmediato y los combates ya llevan más de una semana. La ONU pidió un cese de hostilidades y una reanudación de los diálogos de paz, pero todo indica que el conflicto continuará en las trincheras.

Haftar nació en 1943 en Ajdabiya, al noroeste de Libia; se inscribió en la academia militar a los 21 años y profundizó su entrenamiento en la Unión Soviética. Ya como un joven oficial, se sumó al golpe militar de 1969, liderado por Muammar Gaddafi, que puso fin a la monarquía de Idris I.

Con el correr de los años, escaló posiciones en el nuevo régimen, para acercarse cada vez más al entorno del “líder fraternal”, como se hacía llamar Gaddafi. En la década de 1980, Haftar ya era uno de los generales en los que más confiaba.

En 1986 lo puso a cargo de las tropas libias que intervinieron en la Guerra de los Toyota, por el control del norte de Chad. Esa misión desencadenó el mayor vuelco en la vida de Haftar. En 1987 fue capturado por soldados chadianos, que expulsaron a los libios del país tras muchos años de intervención.

Después de la derrota, Gaddafi, que había negado tener personal militar en Chad, desconoció a su fiel servidor. Éste no soportó la traición y empezó a trabajar para derrocar a quien fue su mentor.

Haftar planeó una invasión a Libia que contó con el apoyo de EU, pero la operación fracasó y tuvo que ser evacuado del país por un helicóptero de la CIA; viajó a Virginia, donde obtuvo la ciudadanía estadounidense y comenzó a fraguar su retorno a Libia.

Y en Sudán exigen a los militares soltar el poder

El nuevo consejo militar que gobierna Sudán anunció que nombrará a un primer ministro y un gabinete civiles, pero no a un presidente para que ayude a gobernar el país tras el golpe de Estado en el que fue derrocado el añejo líder Omar al-Bashir.

Las fuerzas armadas han comenzado a reorganizar a los organismos de seguridad y no reprimirán las manifestaciones que han continuado frente a las instalaciones militares desde el golpe del jueves, dijo también el teniente general Shamseldin Kibashi, vocero del Ejército.

Se emitió el comunicado después de un segundo día de reuniones entre el Ejército y los organizadores de las protestas callejeras que fueron creciendo a lo largo de meses y que derivaron en la caída de al-Bashir.

Es improbable que el anuncio apacigüe a los manifestantes, que han exigido un gobierno totalmente civil. Los organizadores de las protestas piden a las fuerzas armadas a que entreguen el poder “de inmediato y de forma incondicional” a un gobierno civil de transición que gobernaría durante cuatro años.

Ayer, la Asociación de Profesionales Sudaneses, que ha encabezado las protestas, también publicó una lista de exigencias con nueve puntos, incluyendo el enjuiciamiento de los que estuvieron detrás del golpe militar de 1989, respaldado por los islamistas, la disolución de todos los sindicatos progubernamentales, la congelación de activos de al-Bashir y el despido de sus jueces y fiscales.

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