El régimen de Ortega amenaza con no pagar a médicos que atendieron a víctimas de represión

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Javier Pastora trabajaba en el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de León, cerca de Managua, como jefe de cirugía, pero atender a las víctimas de la represión de Daniel Ortega durante las manifestaciones antigubernamentales le costó el puesto de trabajo. Pastora fue uno de los 200 médicos echados de los centro hospitalarios públicos por el régimen nicaragüense.

“Yo no estaba esperando ningún despido. Dos colegas fueron despedidos antes que yo y cuando pregunté por qué habían sido cesados mis compañeros, me respondieron que yo también perdería mi trabajo”, contó el especialidad en gastroenterología y endoscopio digestiva, en entrevista con CNN. La directora del centro sanitario “me dijo que apoyar las marchas era una inestabilidad para el hospital”, narró el galeno.

Varios médicos nicaragüenses que han sido despedidos denunciaron que han recibido amenazas de las autoridades de los hospitales y centros de salud públicos, por exponer sus casos en los medios de comunicación, reveló la Asociación Médica Nicaragüense (AMN). Los profesionistas aseguran que una de las amenazas que reciben es que si continúan denunciando en los medios, o si van a hacerlo, “pagarán caro y posiblemente no se les pague la indemnización como la ley dice”.

“Somos médicos, no terroristas”, afirmó a la AP este médico con 33 años de experiencia en la sanidad pública. “Nuestro delito es haber recibido a los heridos en las protestas o haber recibido apoyo de la manera real, pedir justicia, libertad y una democracia real”. Entre los despedidos están ortopedistas, cirujanos, oncólogos, pediatras y la única especialista en infecciones que hay en León.

Hasta el pasado martes, la AMN registraba 200 médicos despedidos de sus puestos laborales en instituciones públicas. Sin embargo, la organización gremial considera que la cifra continuará aumentando porque “ya están listas más cartas (de despido)”, y que la coerción es para desmotivar a los médicos que prefieren quedarse callados.

“Hay temor por amenazas directas a la hora de retirar la carta y tenemos conocimiento pleno de que hay temor por más despidos”, dijo el secretario de la junta directiva de la AMN, Carlos Duarte, quien considera que esto viola “todas las leyes” que protegen a los médicos, reporta el periódico nicaragüense El nuevo diario.

De acuerdo a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varios hospitales nicaragüenses niegan la atención médica a los manifestantes que resultan heridos. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el documento.

Miguel Orozco, especialista en salud pública del Centro de Investigaciones y Estudios en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIES-UNAN), explicó a El nuevo diario que el retiro de médicos especializados de las instituciones públicas afecta directamente la calidad de la atención de salud en el país.

“Es un impacto en la cobertura y, por ende, en la calidad de la atención. Eso se puede decir sin temor a nada. Independientemente de las causas, hay que saber que va a tener su impacto si no se toman medidas a lo inmediato” para reponer esas plazas, advirtió Orozco al rotativo nicaragüense.

ONU exige desmovilizar a los paramilitares

La Organización de Naciones Unidas (ONU) se volvió a pronunciar ayer acerca de la crisis en Nicaragua. Mediante un comunicado firmado por 11 expertos en derechos humanos, el organismo exigió al régimen de Daniel Ortega desmovilizar a los grupos paramilitares y frenar las detenciones selectivas de manifestantes.

“Exhortamos al gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”, señaló el texto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país”, indicaron los expertos.
Si bien en los últimos días han disminuido las protestas, el organismo internacional sostiene que “las voces críticas hacia el gobierno siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos”.

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